Una batalla a medias

Una batalla a medias
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Tanto el Ejecutivo como el Congreso exhiben displicencia al luchar contra la corrupción.

Editorial El Comercio
26.10.2017
El mes pasado, Proética publicó la Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción. Al ser el Perú un país que identifica a la corrupción como uno de sus principales problemas (el mayor, según la Encuesta Nacional de Hogares, conforme a lo reportado por el INEI en junio pasado), la importancia del estudio estribaba en conocer la dimensión que ha acaparado este mal en nuestra sociedad y nuestras instituciones.

Así, los resultados muestran que para el 71% de encuestados la corrupción aumentó en el último quinquenio y el 49% cree que seguirá aumentando durante los próximos cinco años. Por otro lado, más del 50% considera que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no están gestionando adecuadamente la lucha anticorrupción.

Considerando estas cifras, resulta comprensible que la ciudadanía mantenga un ojo puesto en lo que puedan hacer nuestras autoridades –particularmente el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso– en esta materia. Pero pese a que ambos poderes cuentan con un abanico de medidas confeccionadas por la Comisión Presidencial de Integridad (CPI) desde hace casi un año, hasta el momento solo se han implementado –de manera correcta– menos del 20% de las cien recomendaciones formuladas, según un informe del observatorio de la comisión integrada por personalidades de la sociedad civil dado a conocer la semana pasada.

Dicha comisión, vale recordar, se creó en octubre del 2016 tras el escándalo del entonces asesor presidencial Carlos Moreno, quien habría pretendido montar un ‘negociazo’ con recursos del Seguro Integral de Salud, y que remeció a una administración entonces nueva como la de PPK y produjo la primera abrupta caída en sus índices de aprobación ciudadana.

Con esto en cuenta, era de esperar que el Gobierno fuera el primer interesado en aplicar medidas para combatir la corrupción. Más aun cuando el Ejecutivo disponía entonces de las facultades que el Congreso le había delegado para legislar en ese campo en particular.

Y aunque algunas iniciativas de la CPI han sido ya aprobadas (como la creación de un programa de recompensas para aquellos que denuncien actos de corrupción en el sector público, o la implementación de la cláusula anticorrupción en los grandes contratos de obras públicas de infraestructura), existen otras cuya aplicación es, desde hace mucho, perentoria.

Al respecto, el observatorio de la CPI advierte que existen sugerencias que han sido aprobadas a medias, como la supuesta creación de una Autoridad Autónoma de Transparencia, pero cuyo diseño al interior de un ministerio le resta autonomía y dientes para garantizar un óptimo desempeño. Otra de las medidas implementadas con tibieza es la presentación y publicación de la declaración jurada de intereses, la cual se ha implementado solo por los ministros y algunos funcionarios de alta dirección del Ejecutivo, pero no por todos los asesores y cargos de confianza que sugería la CPI, ni tampoco se ha dispuesto su obligatoriedad.

Lo más preocupante es que el grueso de las recomendaciones de la comisión (el 70%) continúe encarpetado, pues ni siquiera han sido debatidas.

Así, por ejemplo, el Congreso ha pasado por alto la necesidad de modificar la legislación para facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera a enviar sus reportes de inteligencia sobre lavado de dinero a los entes electorales, información que podría ayudarlos en su labor de verificación y fiscalización sobre el origen de los fondos partidarios, en particular, durante las campañas. Y lo mismo ha ocurrido con la recomendación para prohibir que las personas condenadas por delitos como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos puedan candidatear en una elección popular; una medida de especial urgencia ad portas de los comicios regionales y municipales del 2018.

Cuando fue publicado el informe de la CPI en diciembre del 2016, se estrenó con una campanuda frase: “Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”. Hasta ahora, sin embargo, parece que los responsables han dejado la tarea dentro del cuaderno dándole ojeadas esporádicas. Y al hacerlo, se hace notorio a ojos de la opinión pública que contra la corrupción están luchando solo una batalla a medias.