Palabras de Eduardo Vega Luna en la presentación de los primeros productos del Observatorio de Integridad

Palabras de Eduardo Vega Luna en la presentación de los primeros productos del Observatorio de Integridad

Hace un año, el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski tomó la decisión de crear la Comisión Presidencia de Integridad luego que, días antes, se produjera el escándalo del asesor presidencial Carlos Moreno, a quien se escuchaba haciendo negociados con los recursos del Sistema Integral de Salud (SIS). 

Esa conversación telefónica daba cuenta de una forma de corrupción muy extendida en un sector tan sensible como el de la salud que nos afecta por décadas. Junto con este caso y a lo largo del 2016 y 2017 hemos sido testigos de la magnitud del caso Lava Jato, de las consecuencias devastadoras en lo social, político y económico que tiene para nuestra sociedad el caso más importante de corrupción de los últimos años y que aún está en la fase inicial de investigación.

La Comisión Presidencial de Integridad tuvo un mandato muy preciso. Entregar en 45 días un conjunto de recomendaciones para prevenir y sancionar la corrupción y proponer un mecanismo de seguimiento como el Observatorio de Integridad que hoy entrega sus primeros resultados. 

Por ello, el 5 de diciembre del 2016 entregamos 100 recomendaciones al Presidente de la República y en esa oportunidad le dijimos “el problema de la corrupción es más grave y complejo de lo que nos imaginamos. Convivimos con ella y la hemos naturalizado. Quienes debieran ser objeto de repudio social no lo son y, en muchos casos, son vistos como ejemplos de superación. Un amplio sector del país se ha acostumbrado, lamentablemente, a considerar a la coima o al “tarjetazo” como un costo previsible para hacer negocios con el Estado o para recibir sus servicios. La corrupción se ha enraizado en nuestro tejido social y está debilitando la autoridad y las instituciones, destruyendo la confianza en los servidores públicos y poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática. Tenemos que actuar señor Presidente. Hacer algo distinto para que no nos gane la inercia frente a la corrupción.

En aquella oportunidad señalamos también que la actuación de los corruptos no se limita al uso indebido del poder y los recursos públicos sino que su acción tiene un impacto nefasto en los derechos básicos de muchas personas, especialmente de los más vulnerables. No importa dónde se ponga la mirada, en escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, regiones, arbitrajes, contratos u obras públicas es notoria la corrupción la misma que fue ampliada, corregida y sistematizada por las empresas brasileñas en el enorme caso Lava Jato. La corrupción ha aprovechado cada espacio de la gestión gubernamental, sea pequeña o grande, para que unos cuantos se apropien de los recursos de todos los peruanos. 

Corresponde hoy, después de un año, hacer un balance de las 100 recomendaciones entregadas al Presidente. Qué se ha hecho? Sirvieron de algo? Cuántas recomendaciones se han implementado? 

Las cien medidas fueron agrupadas en 17 capítulos y una propuesta de mecanismo de seguimiento. Los temas relevantes están referidos a la máxima transparencia en la actuación del Estado, el reforzamiento de la institucionalidad y de las contrataciones públicas, la reforma del sistema de control, las medidas para una protección efectiva al denunciante, asi como propuestas para mejorar el sistema electoral y el sistema de justicia. Pero para que estas propuestas funcionen es necesario una medida inicial, un primer paso fundamental que marque una pauta distinta y ejemplarizadora en la lucha contra la corrupción. Ese paso fundamental se llama liderazgo.

Le dijimos al Presidente que la ciudadanía requiere señales muy claras contra la corrupción y una voluntad genuina para luchar contra ella desde el más alto nivel. Un año después podemos decir que ha faltado un mayor liderazgo para recuperar la confianza ciudadana. Si no miremos la Décima Encuesta Nacional de Proética e Ipsos Apoyo, en la que se reclama un mayor liderazgo al Presidente y la ciudadanía desconfía de sus autoridades. Aún no es tarde señor Presidente. Como lo decía hoy mi colega Allan Wagner, quisiéramos que el Presidente de más empuje a la lucha contra la corrupción. Eso significa que tiene que haber un cambio sustantivo en el liderazgo frente a la corrupción.

De otro lado, las cifras de cumplimiento de las recomendaciones son elocuentes. El observatorio de Integridad presenta hoy un estudio sobre las 100 recomendaciones y su nivel de cumplimiento. Solo 13 se han cumplido de forma íntegra, 17 se han cumplido parcialmente y 70 recomendaciones (70%) no se han implementado todavía.

Las 13 recomendaciones implementadas en su totalidad tiene que ver con las medidas de protección al denunciante y el programa de recompensas, la publicación de las agendas oficiales de los altos funcionarios, el carácter público del valor referencial en las contrataciones y licitaciones, las cláusulas anticorrupción en los contratos y el impedimento a sancionados por corrupción de ser postores, la supervisión de las cooperativas de ahorro por parte de la SBS y la información sobre vínculos familiares en Reniec, la creación de la procuraduría anticorrupción (aunque con sus dificultades) y el financiamiento público de las organizaciones políticas. Asimismo, la publicación de las sentencias y la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas y la muerte civil a los funcionarios corruptos.

Hay otros avances importantes como la creación del sistema de justicia especializado en delitos de corrupción, la imprescriptibilidad para los delitos graves de corrupción aprobada por el Congreso de la República y la reciente aprobación por el Poder Ejecutivo de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción solicitada por el Presidente de la CAN y del Poder Judicial, Dr. Duberli Rodriguez, quien viene trabajando en el diseño del Plan Nacional contra la corrupción para el periodo 2018-2021, esfuerzo que alentamos.

Sin embargo, hay medidas muy importantes que no han sido implementadas y que llaman a una seria preocupación. Quiero anotar tres: La reforma del financiamiento de las organizaciones políticas, la declaración jurada de intereses y la autoridad autónoma en materia de Transparencia y acceso a la Información. Sin estas tres medidas los esfuerzos anticorrupción corren el riesgo de ser ineficaces y poco sostenibles en el tiempo.  En efecto, la primera medida que propusimos al señor Presidente y a los altos funcionarios del país fue que presenten una Declaración Jurada de Intereses que contenga información sobre sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. El Presidente, los Ministros y algunos congresistas y titulares de organismos autónomos lo han presentado pero no hay una norma que obligue a los demás funcionarios a presentar esta declaración.

Esta medida busca fomentar la máxima transparencia del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber que cuando nuestras autoridades toman decisiones, o legislan, no lo hacen para favorecer intereses particulares, empresariales o de grupo sino para favorecer el bien público. Está en manos del Congreso evitar que aumente la desconfianza del país y permitir que la ciudadanía tenga herramientas para evaluar si hay o no conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. 

De otro lado necesitamos fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues la creada mediante decreto legislativo no tiene el nivel ni fuerza para hacer cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Reforma Electoral. No puedo dejar de llamar la atención sobre la urgencia de que se implemente la reforma del sistema electoral y de los partidos para evitar que los dineros ilícitos sigan financiando la política, El riesgo es muy alto y el daño aún mayor. Estas propuestas han sido unánimes desde los organismos del Sistema Electoral, la propia comisión del Congreso encargada de este tema que dirigió la congresista Patricia Donayre, diversos organismos de la sociedad civil como Transparencia y Proética y los analistas. Necesitamos que en esta legislatura se prohibir que personas condenadas por delitos graves se presenten como candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales de octubre del 2018. De lo contrario, estas elecciones corren un grave riesgo. Igualmente, debe prohibirse y sancionarse las donaciones anónimas y deben bancarizarse todos los aportes dinerarios, otros ingresos y gastos de las organizaciones políticas, a partir de 1 UIT. También proponemos fijar un tope de 10% del monto anual o por campaña que las organizaciones políticas pueden captar por actividades de proselitismo y que las organizaciones políticas esten obligadas a publicar el detalle del origen de sus fondos y de no hacerlo reciban sanciones de naturaleza política.

Justicia. Un tema final que marca la etapa actual es la gran tarea que tiene el sistema de justicia frente al más grande caso de corrupción de los últimos años. Necesitamos que la justicia rompa con el círculo vicioso de impunidad que ha rodeado a los casos de corrupción durante años.

Sabemos de los esfuerzos que hoy lleva adelante el Ministerio Público y el Poder Judicial para no ceder ante la presión, el insulto o incluso la amenaza. Nuestro respaldo a aquellos jueces y fiscales que de manera imparcial, objetiva y con el respeto a las garantías procesales llevan adelante los casos para sancionar drásticamente la corrupción, caiga quien caiga. Esa será la mejor forma de que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia. Los peruanos y peruanas esperamos que el sistema de justicia cumpla cabalmente y con prontitud su tarea.

Necesitamos que la justicia identifique a los altos funcionarios, ex presidentes y candidatos y candidatas que delinquieron y que sea capaz de sancionar los graves casos de corrupción. Para ello, el Poder Ejecutivo debe brindarle los recursos que requiere para cumplir con esta tarea. Y no olvidemos la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que fue una de las recomendaciones de la CPI que sigue pendiente.

Señoras y señores, un año después de entregado el Informe si bien hay algunos avances el balance no es positivo. Falta mucho por hacer. Falta un mayor compromiso frente a un fenómeno complejo y enraizado. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que alterar el comportamiento de personas y modificar la inercia de instituciones. 

El diagnóstico parece desolador. Sin embargo, en nuestras entrevistas con las autoridades, representantes, especialistas y ciudadanos y ciudadanas hemos encontrado personas comprometidas con el cambio, con un Perú libre de corrupción, que no quieren ser cómplices y que están trabajado en sus comunidades, distritos, instituciones y organizaciones para erradicar la corrupción y para promover una cultura de integridad. Hay un sentimiento de indignación que tiene que ser canalizado y liderado en nuestros hogares, escuelas, barrios, centros de trabajo y en el Estado en General. 

Los grandes cambios no se dan de un día para otro. Pero hay que empezar hoy, con una acción decidida contra los corruptos y contra las causas que lo provocan. Estoy convencido que se puede enmendar el rumbo hacia una lucha frontal contra la corrupción y con una ciudadanía que está atenta a lo que hagamos. Empecemos hoy a dar muestras claras de que no aceptamos convivir con la corrupción y que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para erradicarla. 

Muchas gracias.