"El cascabel de la gestión de intereses", por Jairo Rivas

El cascabel de la gestión de intereses
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Escribe: Jairo Rivas

El domingo 17 de diciembre, apenas unos días antes de la votación crucial en el Congreso de la República donde se iba a decidir la vacancia del Presidente de la República, Palacio de Gobierno organizó una entrevista del Presidente Kuczynski con cinco periodistas que le formularon preguntas sobre sus vinculaciones con Odebrecht. Diversos analistas resaltaron de este diálogo la dificultad del Presidente para establecer una distinción clara entre el ejercicio de la función pública y la naturaleza de la actividad privada.

Puede señalarse que nuestra actual configuración institucional es muy permisiva con el tránsito de personas, contactos, información y decisiones entre el ámbito privado y el público, de modo que a veces terminan confundiéndose los propósitos de cada uno de ellos. La denominada “puerta giratoria” opera como un proceso ya normalizado y que no merece sospecha o prevención alguna, pese al riesgo que lleva consigo de subordinar el interés público al privado.

Esta situación sí mereció una llamada de atención de la Comisión Presidencial de Integridad (CPI) creada por el Presidente Kuczynski y que en diciembre de 2016 le entregó un informe con cien recomendaciones para promover la integridad y combatir la corrupción. Una de sus propuestas se orienta a exigir a funcionarios públicos, que por su posición tienen acceso a información privilegiada, la suscripción de convenios de confidencialidad prohibiendo el uso o divulgación de la misma bajo responsabilidad, y al mismo tiempo prohibirles realizar actos de gestión de intereses en cualquier entidad pública al menos durante el año siguiente a haber dejado el cargo en la administración pública.

Esta recomendación intentaba poner un límite claro a la “puerta giratoria”, y se sumaba a otras dos incluidas en el mismo informe. Por un lado, se acogió la propuesta planteada por la Asociación Civil Transparencia en el “Plan 32”, que insta a modificar la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, con la doble finalidad de simplificar los procedimientos existentes y dar mayor transparencia a los mecanismos de gestión de intereses, ello debido al bajo nivel de aplicabilidad de la mencionada norma explicado por sus excesivas regulaciones y su mínimo nivel de fiscalización. La idea principal era incorporar la regulación de gestión de intereses en la normativa sobre transparencia en la administración pública, y apuntalar su correcta aplicación mediante un registro simplificado y la publicación de por parte de las entidades públicas de los actos de gestión de intereses realizados por cualquier persona y no solo por instituciones “autorizadas”. Por otro lado, la CPI recomendó que las altas autoridades del Estado, sus asesores y personal de confianza publiquen sus respectivas declaraciones de intereses, como una forma de hacer públicos posibles conflictos de interés por compromisos laborales o empresariales previos.

Frente a estas recomendaciones, la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido bastante limitada. Ninguna de las propuestas enunciadas fue considerada en los Decretos Legislativos anticorrupción emitidos por el gobierno a inicios de 2017, en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República. El Decreto Legislativo N° 1353 elimina el Registro Público de Gestores de Intereses, las sanciones a imponer a los gestores de intereses y el Tribunal Administrativo Especial; sin embargo, solo exige que las entidades lleven un Registro de Visitas, en formato electrónico, que consigne la información de las personas que asistan a reuniones o audiencias con un funcionario o servidor público, debiendo esta información ser publicada en la web de la entidad.

Por otro lado, el Presidente de la República, los Ministros y Ministras de Estado y otros altos funcionarios del Estado publicaron en las páginas web de sus respectivas entidades sus declaraciones de intereses. Sin embargo, como no se ha aprobado una norma que haga obligatoria esta conducta para quienes ocupen los cargos públicos más importantes, no se ha establecido como una obligación permanente. Ello explica que cada vez que se cambia un funcionario sea necesario recordar la importancia de cumplir con esta disposición, y también que su cumplimiento no haya sido acatado por los otros Poderes del Estado (en el caso del Congreso, menos de veinte parlamentarias han hecho públicas sus declaraciones de intereses), los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y municipales.

El poco interés mostrado por este tema en el Ejecutivo se torna en nulo cuando se observa la labor del Congreso de la República, donde ninguna bancada parlamentaria ha presentado iniciativa legislativa sobre el particular. En otras palabras, este tema no forma parte de la agenda parlamentaria la que, como sabemos, se activa cuando existen proyectos de ley por discutir.

Las preocupaciones por la estabilidad presidencial o la atención a los sucesivos capítulos de la trama Odebrecht están dificultando la discusión de asuntos de fondo, como la necesidad de regular y dotar de la mayor transparencia la gestión de intereses en el país. Una clara distinción entre lo que compete al sector público y lo que es propio del privado ayudará a despejar saltos indebidos entre uno y otro, los cuales no son corruptos en sí mismos, pero que sí ayudan a normalizar un ambiente donde ese tipo de circulación no se cuestiona, rebajando de este modo los controles y precauciones que deben adoptarse para que el Estado no sea perforado por actividades ilícitas como las que estamos lamentando todo este tiempo.